Vive Chimalhuacan en bellas artes http://bit.mx/chi Esta noche Helechos! se reprodujeron por esporas y en noticias tenemos Este 23 de agosto se cumplen tres años de la firma del Acuerdo Nacional por la
Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que engloba 75 compromisos, con plazos
específicos y responsables, principalmente del sector público: gobiernos federal,
estatales y municipales, Congreso de la Unión y Poder Judicial.
Hay avances importantes, pero predominan el rezago, el incumplimiento y la falta
de información para que la ciudadanía haga un adecuado seguimiento y
evaluación.
En estos tres años, la incidencia del secuestro se incrementó en un 40%; los
homicidios más de 25%, y también han crecido la extorsión y el robo con violencia,
según encuestas y datos oficiales.
Es entendible la percepción mayoritaria en la ciudadanía de que seguimos
inmersos en una profunda crisis de seguridad pública y que no se ha hecho lo
suficiente para superarla en un corto plazo. Por ello, el Acuerdo del 2008, ha sido
tan cuestionado.
Esta es la razón de que en los últimos meses hayan surgido diversos planes y
llamados a construir nuevos acuerdos, desde la sociedad civil.
Hay visiones e iniciativas muy valiosas en el documento que realizaron 88
especialistas de la UNAM; en las demandas del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia; en las propuestas de Coparmex,
de Sociedad en Movimiento y las de muchas otras organizaciones.
Coparmex ha tenido encuentros con diversas asociaciones, para buscar
coincidencias y generar sinergias en torno a ellas. Hemos estado trabajando muy
estrechamente con el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad Justicia
y Legalidad y la Asociación Nacional de Centros de Participación Cívica.
Debemos construir un proyecto común sobre los puntos fundamentales que
compartimos, para que los esfuerzos no se dispersen y puedan trascender. Un
acuerdo que los mexicanos sientan suyo.
En este momento, es la mejor opción disponible para reactivar el Acuerdo
Nacional por la Seguridad. Si no lo hacen los políticos, hagámoslo los ciudadanos.
Generemos el pacto social que se necesita para tener certidumbre de que la
situación mejorará y la esperanza de que un México seguro, sin impunidad, donde
se respeta y cumple la ley, es posible.
Para Coparmex, este esfuerzo debe partir de tres premisas:
Uno. Esta no es una lucha de un Gobierno, sino de la nación. No es cuestión de
ideologías -de izquierda o de derecha-, ni de clase social, ni de partidos. El
enemigo, son los criminales y los corruptos, que atentan contra la vida de las
personas y el Estado de derecho. La mezquindad política es inaceptable.
Dos. El esfuerzo nacional no puede limitarse a un sexenio. Se necesita
coordinación, corresponsabilidad y continuidad en las políticas públicas; con un
plan transexenal, y una visión de largo plazo y de Estado. No podemos tirar por la
borda lo que se ha avanzado, con bandazos irresponsables.
Exigimos a todos los que aspiran a ser candidatos a la Presidencia de la
República que especifiquen su postura y compromiso al respecto.
Tres. Debemos actuar paralelamente en dos frentes que se complementan: las
obligaciones de carácter contingente y el largo plazo.
En lo inmediato, hay que proteger a los ciudadanos aquí y ahora; atender a las
víctimas; no permitir que haya regiones, ciudades o colonias controladas por la
delincuencia. Se necesitan acciones que den resultados en el corto plazo. No
puede haber tregua con los delincuentes, ni mucho menos negociación.
Sería irresponsable, en estos momentos, sacar a las fuerzas armadas de las
regiones y dejar desamparada a la población; tanto como no hacer lo necesario
para que puedan reintegrarse a sus funciones propias, una vez que exista la
garantía de policías e instituciones honestas y eficaces. Esta una medida
excepcional y necesaria, pero no puede ni debe ser una solución permanente.
Debemos exigir que se cumplan en su totalidad los compromisos adquiridos en el
Acuerdo por la Seguridad.
Es momento de recapitular, con una evaluación objetiva; fijar nuevos plazos,
establecer prioridades, nuevas acciones que den resultados, y --ahora sí--
instrumentos de rendición de cuentas y consecuencias concretas para el
incumplimiento, incluyendo la renuncia de los responsables, como se planteó en
un inicio.
A los legisladores les exigimos que cuanto antes aprueben la Ley contra el lavado
de dinero y una nueva Ley de Seguridad Nacional, que dé certidumbre jurídica e
institucional, salvaguardando el respeto a los derechos humanos.
Recientemente propusimos al Gobierno Federal tres acciones de alto impacto:
Fortalecer y dotar de mayores recursos a la Unidad de Inteligencia Financiera de
la Secretaría de Hacienda, así como al Grupo Especializado en materia de
Investigaciones Financieras y de Lavado de Dinero dentro de la Policía Federal.
Crear un sistema de desarrollo institucional para los Ministerios Públicos y Peritos
Federales, con esquemas de profesionalización similares a los de la Policía
Federal.
Mayor vinculación de las organizaciones de la sociedad civil con las autoridades e
información veraz y oportuna respecto a los índices delictivos.
Los gobiernos estatales, sin excepción, deben hacer honor a la palabra empeñada
en el Acuerdo por la Seguridad y en su nuevo Decálogo. Son responsables ante
los delitos del fuero común, y la gente está harta de pretextos, de que transfieran
su responsabilidad a otros, y de retórica estéril, sin resultados.
En el largo plazo, la tarea es construir la nación a la que aspiramos. No se está
haciendo lo suficiente. Muchos políticos están preocupados en otros temas o se
ocupan de la seguridad con un afán electoral; no como estadistas.
Nuestras instituciones no están funcionando correctamente. Hay que ponerlas a la
altura de las circunstancias y la nueva realidad mexicana. Coincidimos con las
nuevas organizaciones ciudadanas que vinculan la urgencia de una reforma
política a las soluciones de fondo para la inseguridad pública.
Las policías únicas en los estados son la mejor alternativa ante el problema de la
debilidad crónica de las fuerzas públicas municipales. También insistimos en la
autonomía de los ministerios públicos; deben profesionalizarse y revertir el
descrédito en que han caído. Exigimos un avance más rápido en la
implementación de la reforma al sistema de justicia en todo el país, asegurando
recursos suficientes.
Debemos trabajar mucho más en programas integrales para la prevención de
adicciones, la recomposición del tejido social y dar alternativas a nuestros jóvenes.
Es cierto que generar más empleos es parte de la solución. Por eso, pedimos a los
políticos que no bloqueen ni condicionen las reformas estructurales económicas
que se necesitan.
Necesitamos más horas efectivas de clases y actividades escolares de calidad;
alejar a nuestros niños y jóvenes de los riesgos.
Es fundamental que haya una participación ciudadana más activa y que se
desarrollen los observatorios ciudadanos del delito con carácter vinculante.
Como pueblo, tenemos que decidirnos a cambiar nuestra cultura de falta de
respeto a la ley. Tolerar el crecimiento de la Informalidad, es aceptar la corrupción,
la inseguridad y el crimen organizado.
Es momento de cerrar filas por la plena vigencia del Estado de Derecho, condición
indispensable de la justicia, la paz social, el progreso y la seguridad pública.
Amigos de Coparmex, hacemos un llamado a solidarizarnos con la crisis
humanitaria y la emergencia nutricional que se vive en el cuerno de África, más de
quinientos mil niños y niñas están en riesgo de muerte, necesitan nuestra ayuda
urgentemente, los invitamos a canalizar sus donativos a través de UNICEF.
para rematar fallas en el equipo de Eruviel Ávila - Roberto Calleja Ortega lea mas... http://bit.mx/rco
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